Desde el 1 de febrero, más de 150 personas -diputados, responsables locales, activistas- fueron detenidos, según la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos con sede en Yangón.

La crisis política desatada en Myanmar (antigua Birmania) tras el golpe de Estado del 1 de febrero se agravó en el cuarto día consecutivo de protestas contra el Gobierno de facto que este lunes impuso la ley marcial en varias ciudades y hoy reprimió con dureza a los manifestantes que igual marcharon haciendo caso omiso de las advertencias de las autoridades militares.

En Naipyidó, la capital, las fuerzas del orden dispararon «al aire como advertencia y luego usaron balas de goma contra los manifestantes», informaron testigos citados por la agencia de noticias AFP, que aseguraron que vieron varios heridos, aunque por ahora no se pudo verificar su número ni la gravedad de su estado.

Poco antes, la policía utilizó balas de goma y carros hidrantes para dispersar a un pequeño grupo de manifestantes que ante la barrera de las fuerzas del orden, gritaba: «¡Paren la dictadura militar!», según imágenes en directo de la televisión local.

En Mandalay, en el centro del país asiático, y segunda ciudad del país, las fuerzas del orden usaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que protestaba, informaron testigos.

«Dispararon gases contra los manifestantes que ondeaban banderas de la Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, depuesta tras el golpe, dijo una habitante de la localidad, explicando que los vecinos habían socorrido a los manifestantes con agua después de que recibieran los gases.

En el barrio de San Chaung de Yangón, numerosos profesores marchaban por la calle principal el martes.

La mayoría de los manifestantes visten de rojo, color de la LDN, piden la liberación de Aung San Suu Kyi y realizan el ya emblemático saludo de tres dedos de la mano levantados, en señal de resistencia, frente a los militares.

El ejército, que alegó «fraudes electorales» en las elecciones legislativas de noviembre para justificar el golpe, blandió la amenaza de represalias contra los manifestantes.

«Serán adoptadas acciones (…) contra las infracciones que perturban, impiden y destruyen la estabilidad del Estado», anunció la televisión pública.

«Sus advertencias no nos preocupan, es por ello que salimos hoy. No podemos aceptar su excusa de fraude electoral. No queremos una dictadura militar», declaró a la AFP Thein Winun, uno de los maestros que protestan en San Chaung.

Desde el pasado fin de semana y en diversas ciudades del país, centenares de miles de manifestantes han salido a las calles.

Este tipo de protestas no se habían visto en la antigua Birmania (cuyo nombre fue cambiado en 1989 a Myanmar por la Junta Militar que gobernó el país sin reconocimiento internacional) desde la revuelta popular de 2007, la llamada «revolución de azafrán» liderada por los monjes y que fue violentamente reprimida por el ejército.

El riesgo de represión es real. «Todos sabemos de lo que es capaz el ejército: de atrocidades masivas, de muertes de civiles, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias», dijo Tom Villarin, del grupo de parlamentarios del Asean (Asociación de Naciones de Asia del Sureste) para los derechos humanos.

Desde el 1 de febrero, más de 150 personas -diputados, responsables locales, activistas- fueron detenidos, según la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos con sede en Yangón.

Myanmar vivió cerca de 50 años bajo un Gobierno militar tras su independencia en 1948.

El golpe del 1 de febrero puso fin a un breve paréntesis democrático.

Fuente: Télam